Indicaciones a la LGE buscan restringir derechos de las personas

Por Sebastián Soto

 

Las indicaciones a la LGE, presentadas por algunos diputados oficialistas en la Cámara de Diputados, especialmente en dos temas educacionales relevantes como  el enfrentamiento entre los padres y el Estado y por otro lado la igualdad de trato y la libertad de elección, muestran una Concertación que tiene a un alto número de parlamentarios apoyando propuestas que concentran el poder de las decisiones individuales en el Estado aún poniendo en riesgo la libertad misma de las personas. 

 Puede anticiparse, entonces, que discusiones similares surgirán en el Senado con resultados inciertos para la libertad y el futuro de la educación.

 

Padres vs. Estado. El primer tema en el que conviene detenerse es la indicación de un grupo de diputados radicales que buscaba reemplazar en el proyecto la frase que establece que corresponde preferentemente a los padres, el derecho y el deber de educar a sus hijos por otra que decía -textualmente- que “el Estado tiene la responsabilidad principal e indelegable de educar a todos los ciudadanos y ciudadanas del país“.

Esta indicación deja ver una visión estatista de la educación al estilo del antiguo Estado docente. Esta concepción muestra al Estado -y no las familias- como el principal responsable de la educación de las personas. De ello puede derivarse una limitación no solo a la libertad de enseñanza de los establecimientos particulares, sino que también una restricción a la libertad de los padres para escoger el establecimiento educativo de sus hijos.

Afortunadamente,  la indicación fue rechazada por toda la Alianza, 10 DC y un PPD aún cuando recibió el apoyo cerrado del PR, del PS, del PPD y de 2 DC

Igualdad de trato y capacidad de elección. Una segunda indicación es la presentada por el Diputado Carlos Montes (PS) acompañado de parlamentarios de todos los partidos de la Concertación. Entre sus propuestas están contenidos una serie de temas controvertidos que afectan en su esencia el sistema vigente.

Un primer aspecto de la indicación buscaba romper la igualdad de trato entre establecimientos municipales y particulares subvencionados y eliminar el sistema actual de subvención en virtud del cual el aporte fiscal para todo tipo de establecimiento es el mismo.

Romper la igualdad de trato que debe dar el Estado a los establecimientos educacionales, tanto municipales como particulares, implica afectar a 47% de la matrícula nacional que hoy asiste a establecimientos particulares subvencionados.

También significa dañar la capacidad de elección de los padres pues éstos al decidir saben que hoy el Estado no tiene una preferencia especial por un tipo de educación sino que se abandona completamente en la decisión de los padres. Si el Estado favorece a unos más que a otros, limita la posibilidad de una elección verdaderamente libre.

El segundo tema que aborda la indicación resulta sombroso. En efecto, textualmente establece que debe “contarse con escuelas (públicas) a lo largo de todo el territorio, cuya matrícula deberá representar, a lo menos, el 50% de los estudiantes de cada región“.

Esta propuesta limita gravemente la capacidad de elección de los padres al obligar que la matrícula de la educación fiscal alcance a lo menos el 50% de los estudiantes en cada región. De este modo, al parecer pretende que si en una región no se alcanza dicho porcentaje, o bien se obliga a los padres a escoger establecimientos municipales o se disminuye forzosamente la matricula privada tomando estudiantes de un establecimiento y trasladándolos a otro. Como puede apreciarse, ambos escenarios son tremendamente dañinos para los derechos de las personas.

Esta indicación también fue rechazada. Toda la Alianza, 6 DC y 2 PPD lograron conformar una mayoría. Por apoyarla estuvieron 12 PS, 11 PPD, 3 PRSD, 5 DC y un “colorín”.