Promotores del odio quieren una ley que lo prohíba


por Ciro Cárdenas

Como una manera de bloquear la difusión de actos, ideas o información contraria al catecismo impuesto por la zurdería, se empieza a hablar de pasar legislación “contra la incitación al odio”.

Pintoresco, porque el tal catecismo no es sino en la perpetuación de la antipatía y aversión hacia los que hicieron frente al castrismo, cuyo mal se desea con un odio insanable.

Tanta y tan desbocada ha sido esta pasión que a muchos años de la expulsión de Allende y luego de haberse “indemnizado” generosamente (hasta con pensiones de por vida para ex terroristas) aún se alega legitimidad para las “funas”, saqueos, bombazos, vandalismo y hasta el asesinato de los que ven con buenos ojos esa expulsión, señalados como “cómplices”.

Agitando arengas como “ni perdón ni olvido”, la promoción constante y furibunda de la aversión contra los contrarios al castrismo allendista, se ha revelado como una verdadera industria del odio que alentando un vandalismo ciego y homicida, busca con furor la muerte incluso de sus propios efectivos. Para esta negra fe, tanto los “mártires de la represión” como los “ajusticiados por el pueblo” sirven para mantener al rojo la ira y el resentimiento.

Una muestra reciente la tuvimos el domingo pasado, cuando se desplegó increíble violencia en contra de los asistentes a la exhibición del filme “Pinochet”, en el teatro Caupolicán (ver el video). Pero ya van varias décadas jalonadas de eventos similares, que han ido desde las “funas” organizadas contra personas hasta el asesinato impune de varias de ellas.

Con absoluto desprecio por la verdad histórica, lo que se combate es toda visión opuesta a la imagen de Allende como héroe de la democracia y al gobierno militar que le expulsó como la quintaesencia del “fascismo” o “del terrorismo de estado” impulsado por las más abyectas motivaciones que es concebible imaginar.

Y el combate se da con similar furia en todos los ámbitos. Siendo arriesgado para el periodista de izquierdas Fernando Paulsen enfrentar (el mismo domingo por la noche) los argumentos del entrevistado Hermógenes Pérez de Arce, contrario a sus visiones pero muy bien preparado para defender sus posturas, tuvo contra el invitado expresiones insultantes y de odiosidad tales que nos trajeron a la memoria los violentos lances en la TV de los años bajo Allende.

Siendo que el documental exhibido en el Teatro Caupolicán y las brillantes presentaciones de Hermógenes Pérez de Arce se suman a recientes declaraciones del ex-Presidente concertacionista Patricio Aylwin pareciera que se viene una ola contestataria del mencionado catecismo que a estas alturas se suponía instalado como verdad inconmovible.

Ahí radica el origen de esta nueva felonía bautizada como “contra la incitación al odio”, siguiendo la misma impronta de Allende cuando habiéndose preparado para dar el asalto armado final para instalar su dictadura a la Castro proclamaba a todos los vientos su “no a la guerra civil”.

Ciertamente, de existir leyes que genuinamente persigan la difusión o incitación al odio, no habría sido posible instalar ni promover el violento catecismo descrito, perfectamente opuesto a la paz y el entendimiento. Habría una enorme cantidad de gente presa o demandada de ilegalidad porque todos los programas patrocinados por el régimen pasado en esta línea no han hecho sino cultivar y exacerbar el odio hasta el extremo.

Lo que en realidad se busca es darle a la versión instalada por la izquierda el mismo carácter que en Alemania tiene la saga del holocausto judío, donde se prohibe poner en duda esos increíbles abusos, asumiendo que quienes lo hacen defienden las enseñas del nacionalsocialismo, que protagonizó la más genocida de las dictaduras sobre poblaciones inocentes y no militarizadas en Europa Occidental.

Pues en Chile la verdad es totalmente diferente, porque las virtudes que el catecismo instalado concede a Allende son simplemente falsas, inexistentes.

La gestión de Allende fue dictatorial, arrasó con los derechos, la propiedad, la seguridad y hasta la vida de las personas. Bajo ese gobierno se cometieron incontables abusos de todo tipo, incluyendo la aceptación expresa (por parte del Ministro de Justicia el año 1972) de que las leyes, los tribunales y los derechos se declaraban sin valor en la medida que estorbaran los planes totalitarios del régimen.

Por otra parte, los caídos por la represión del gobierno militar fueron efectivos armados y no personas no beligerantes. Encima de eso, la gestión del gobierno militar en el plano social, económico e institucional es de una importancia gigantesca en comparación con las actividades represivas del sabotaje y activismo castrista, por lo que resulta monstruoso reducirlo históricamente a una mera dictadura genocida.

Bloquear estas verdades es crucial para los cultores del odio. La irrupción de ellas y su trascendencia amenaza la supervivencia de este “catecismo”. La tal ley contra la incitación del odio no persigue, por supuesto, otro objetivo que el de impedir que la verdad afluya destruyendo lo que por tantos años y a tan alto costo han construido, precisamente, los mayores promotores del odio en Chile.

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